BUENOS AIRES.- Los abogados y familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos durante el "franquismo" en España, resaltaron ayer la "trascendencia histórica" de la resolución adoptada por la jueza federal María Servini de Cubría, quien el miércoles ordenó la detención -con pedido de extradición- de cuatro ex miembros de las fuerzas de seguridad franquistas, imputados como torturadores en la única causa que investiga esos crímenes en el mundo. En ese marco, Carlos Slepoy, abogado de la querella, afirmó que "esta resolución es histórica" y añadió que "me hace acordar a la primera orden del juez español Baltasar Garzón, dictada contra el dictador argentino Leopoldo Galtieri, el 25 de marzo de 1997".
El abogado rememoró también cuando "la Justicia española envió pedidos de detención (a militares argentinos acusados de crímenes de lesa humanidad en Argentina)" y subrayó que "el gobierno de los ex presidentes Carlos Menem y Antonio de la Rúa, se negaron a prestar cualquier colaboración". Máximo Castells, del equipo de abogados, advirtió que "si el gobierno del presidente, Mariano Rajoy, no colabora, produciremos más resoluciones y España quedará como un Estado que asila y ampara a estos personajes".
El lunes, España recibirá la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, para determinar si España cumple con su obligación de investigar las desapariciones forzadas, durante la dictadura del general Francisco Franco y la Guerra Civil. (Télam)